El Pleno del Ayuntamiento de Novelda ha aprobado la autorización para modificar el proyecto técnico de las obras de construcción del aulario para ciclos formativos del IES La Mola, incluidas en el Plan Edificant, una actuación vinculada a conserjería, climatización, eficiencia energética, accesibilidad y evacuación del centro educativo.
El punto, incluido en el orden del día del pleno ordinario de julio, salió adelante con 12 votos a favor del PSOE, 6 abstenciones de Partido Popular y Compromís y 1 voto en contra de Vox.
La concejala de Urbanismo, Isabel Miralles, fue la encargada de explicar el expediente y subrayó que el Pleno no aprobaba todavía el proyecto modificado definitivo, sino la autorización para iniciar la redacción de dicho modificado.
El acuerdo aprobado autoriza la modificación del contrato de servicio de consultoría y asistencia técnica para las obras del aulario por un importe de 49.956,18 euros, IVA incluido, lo que representa un 16,96% respecto al importe adjudicado. Con esta modificación, el contrato asciende a 344.559,57 euros.
El expediente también contempla requerir a la UTE adjudicataria para que reajuste la garantía depositada en 2.064,30 euros, formalizar la modificación del contrato una vez transcurridos los plazos legales y exigir que la redacción del proyecto modificado se presente en el Ayuntamiento en el plazo máximo de un mes desde la formalización. Asimismo, el acuerdo será notificado a la dirección facultativa y a la empresa contratista Becsa S.A., y se publicará en el perfil del contratante.
Durante su intervención, Isabel Miralles explicó que este trámite es obligatorio conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, ya que permite abrir el procedimiento legal para que los técnicos puedan plasmar en un documento las mejoras que necesita el instituto. La edil insistió en que no se estaba votando el proyecto definitivo, sino el mandato formal para redactarlo.
Miralles detalló que la modificación de la obra supone un incremento aproximado de 611.000 euros de presupuesto de ejecución material, lo que representa un 16,96% sobre el PEM (Presupuesto de Ejecución Material) inicial, situado en unos 3,6 millones de euros. Con este aumento, el presupuesto de ejecución material ascendería a aproximadamente 4.214.000 euros.
La concejala explicó que este incremento se estructura en tres bloques diferenciados, conforme al artículo 205.2 de la Ley de Contratos. El primero corresponde a prestaciones adicionales solicitadas por la propiedad y el centro, con un incremento del 7,6%, equivalente a unos 274.000 euros. El segundo bloque responde a circunstancias sobrevenidas e imprevistas, con un aumento del 2,47%, unos 89.000 euros. El tercero se refiere a causas no sustanciales detectadas en fase de ejecución, con un incremento del 6,89%, alrededor de 248.000 euros.
En este último bloque, Miralles indicó que también se han anulado determinadas partidas duplicadas o decaídas del proyecto original, lo que ha supuesto una reducción aproximada de 102.000 euros. Según la concejala, las causas que motivan la modificación del contrato de servicios —redacción del proyecto y dirección de obra— son consecuencia directa y proporcional de la modificación del contrato de obras.
La edil señaló que el incremento económico del contrato de servicios asciende a casi 41.300 euros de base imponible, cerca de 50.000 euros con IVA, manteniéndose en la misma proporción del 16,96% que el incremento del PEM de la obra. También recordó que la dirección facultativa aplicó en su día una baja cercana al 25% al ganar el concurso.
Miralles explicó que el presupuesto base de licitación del contrato fue de unos 392.000 euros con IVA, aproximadamente 324.000 euros sin IVA, mientras que el presupuesto de adjudicación quedó en unos 294.000 euros con IVA, unos 243.000 euros sin IVA. Al sumar el importe adjudicado y el modificado, la cifra se sitúa en torno a 285.000 euros sin IVA, por debajo del valor estimado del contrato, por lo que todavía queda un margen no consumido de cerca de 39.500 euros.
La concejala remarcó que no se requiere ampliar el importe máximo asignado por la Conselleria en la resolución de delegación de competencias de 21 de noviembre de 2022, ya que existe margen presupuestario dentro del Plan Edificant. Además, recordó que el pago de las facturas, tanto de dirección facultativa como de obra, se realiza directamente por la Generalitat Valenciana, una vez aprobadas por la Junta de Gobierno.
En el turno de intervenciones, Compromís anunció su abstención y expresó su preocupación por la evolución del proyecto. La formación recordó que la obra ya acumula retrasos y modificaciones importantes y que en el pleno anterior se aprobó una ampliación del plazo de ejecución de cuatro meses, una prórroga que, según indicó, ya dejaba abierta la puerta a futuras ampliaciones y situaba la obra en el curso 2026-2027, un escenario no previsto inicialmente.
Compromís consideró que una modificación del 16% no puede entenderse como menor, sino como una modificación significativa que obligará a modificar el contrato de obras y que probablemente comportará nuevos retrasos. La formación advirtió de que, en estos momentos, no se puede cuantificar con exactitud cuándo finalizará la actuación.
Silvia Anna también planteó dudas sobre la financiación. Aunque reconoció que el incremento de la redacción del proyecto puede asumirse con la baja de la licitación, advirtió de que la modificación global de la obra podría aproximarse a los 800.000 euros y señaló que, según el informe de Intervención, el gasto no está presupuestado. Compromís mostró su preocupación por la situación del Plan Edificant y por posibles retrasos, bloqueos o problemas de autorización por parte de la Conselleria.
En este sentido, Compromís formuló una pregunta concreta al equipo de gobierno: si la Generalitat no autorizara o no asumiera íntegramente la modificación de obra, próxima al millón de euros, si el Ayuntamiento se comprometería a habilitar una partida presupuestaria municipal para evitar que la obra quedara paralizada. La formación insistió en que desea que el aulario sea una realidad cuanto antes, pero consideró que la comunidad educativa debe conocer las incógnitas que todavía existen sobre plazos y financiación.
Por su parte, Vox votó en contra del punto. La formación aclaró que su rechazo no se dirige a la mejora del IES La Mola ni a la inversión educativa, que considera positiva, sino a la forma en que, a su juicio, se ha planificado y gestionado el contrato.
Vox recordó que en el pleno anterior ya advirtió de que el expediente no estaba evolucionando como debería y que entonces se abstuvo porque todavía había cuestiones pendientes de concretar. En esta ocasión, al someterse a votación la autorización de la modificación del proyecto, el grupo decidió votar en contra.
La portavoz de Vox, Marga Serrano, señaló que el modificado supone un incremento de más de 600.000 euros de presupuesto de ejecución material, al que, según indicó, habría que añadir gastos generales, beneficio industrial e IVA, acercando el incremento total al millón de euros sobre el proyecto inicial. Vox admitió que una parte de la modificación responde a circunstancias sobrevenidas, como exigencias de Iberdrola o Telefónica, o elementos ocultos que pueden aparecer en cualquier obra, pero sostuvo que otras actuaciones deberían haber estado previstas desde el inicio.
Entre esas actuaciones, Vox citó la reforma integral de aseos de varios pabellones, ampliación de pistas deportivas, sustitución de carpintería, actuaciones de urbanización y mobiliario urbano. Serrano cuestionó que esas necesidades no fueran conocidas cuando se redactó el proyecto inicial y defendió que, si ya existían, deberían haberse incorporado desde el principio a la licitación para garantizar que todas las empresas concurrieran con el mismo alcance de obra.
Vox también criticó que en el Ayuntamiento se repitan, según su opinión, proyectos que requieren cambios, ampliaciones y modificaciones poco después de ser adjudicados. La formación subrayó que no cuestiona la legalidad del procedimiento, sino la planificación y la gestión. Además, mostró su preocupación por que en los criterios de valoración de la licitación se puntuara la detección de errores en el proyecto y en las mediciones, al entender que ello evidenciaría deficiencias en el documento original.
El Partido Popular optó por la abstención. Su portavoz, Javier Abad, recordó que lo que se votaba no era el proyecto definitivo del modificado, sino la autorización para iniciar la modificación del proyecto técnico. Por ello, el PP consideró que no procedía entrar todavía en el debate de fondo sobre el contenido del modificado.
Abad señaló que su grupo ha mantenido dudas sobre este proyecto desde el principio, tanto por la planificación como por la gestión del equipo de gobierno y de la empresa. No obstante, indicó que el PP se reserva su valoración definitiva y su crítica de fondo para el momento en que el proyecto modificado esté finalizado y pueda analizarse con toda la documentación encima de la mesa.
En su respuesta, Isabel Miralles defendió la gestión municipal y aseguró que el expediente se tramita conforme al modelo establecido por el Plan Edificant. La concejala recordó que el procedimiento está “absolutamente reglado” y sostuvo que el Ayuntamiento está actuando dentro de las reglas fijadas para este tipo de actuaciones educativas.
Miralles afirmó que la Conselleria puede rechazar modificados cuando se presentan actuaciones injustificadas o cuando no se sigue la metodología técnica correspondiente, pero defendió que este no es el caso. Según indicó, el modificado planteado busca que la obra cumpla la ley y permita garantizar la seguridad estructural, la salud del alumnado y la mejora de las instalaciones educativas.
La concejala negó que se esté generando alarmismo y pidió a los grupos de la oposición más apoyo al IES La Mola. En este sentido, defendió que la educación pública se protege con hechos, votos y proyectos que dignifican las aulas, y no solo con declaraciones políticas.
Miralles también respondió a las críticas sobre la detección de errores en el proyecto. Explicó que una empresa que concurre a un concurso público estudia un proyecto sobre el papel y en formato digital, detectando aquello que es “humanamente posible”. Añadió que ni las empresas, ni los arquitectos, ni los técnicos municipales tienen “rayos X” para prever todos los elementos ocultos antes de iniciar una obra, ni pueden derribar tabiques o realizar comprobaciones invasivas en el centro antes del comienzo de los trabajos.
Asimismo, señaló que tampoco era posible anticipar todas las nuevas exigencias técnicas de compañías como Telefónica o Iberdrola, ni las mejoras que posteriormente pudiera solicitar la comunidad educativa o el propio Ayuntamiento. Para la edil, los imprevistos ocultos existen en todas las obras y el proyecto original fue redactado años atrás con unos presupuestos y un alcance tasado por la Conselleria.
En cuanto a los plazos, Miralles reconoció que el arquitecto municipal ha calculado los tiempos necesarios para ejecutar las obras adicionales, pero advirtió de que el Ayuntamiento no puede controlar los plazos administrativos de la Generalitat para autorizar y firmar el expediente definitivo. Por ello, rechazó fijar una fecha exacta hasta que se complete la tramitación autonómica.
Finalmente, el punto fue aprobado con 12 votos a favor del PSOE, 6 abstenciones de Partido Popular y Compromís y 1 voto en contra de Vox, quedando autorizada la modificación del proyecto técnico del aulario del IES La Mola.
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