La reunión celebrada el pasado viernes 12 de junio en el Conservatorio Mestre Gomis sirvió para constituir una asociación de afectados, coordinar la presentación de alegaciones y organizar grupos de trabajo para reforzar la oposición a los proyectos La Balsa y La Cascada.
Los vecinos afectados por los proyectos de macroplantas fotovoltaicas previstos en las zonas de La Horna Alta y La Horna Baja dieron el pasado viernes un paso decisivo en su estrategia para intentar frenar la implantación de las plantas solares La Balsa y La Cascada. Durante una multitudinaria reunión celebrada en el Conservatorio Mestre Gomis de Novelda, los asistentes acordaron iniciar la constitución formal de una asociación de afectados que actuará como interlocutor común ante las administraciones y coordinará las acciones de oposición a los proyectos.
El encuentro contó con la participación de representantes de la asociación Stop Plan Solar Vinalopó, colectivo que lleva años trabajando contra proyectos similares en distintos municipios de la comarca. Sus portavoces trasladaron a los asistentes su experiencia acumulada desde 2020 y advirtieron de que el proceso administrativo y judicial puede prolongarse durante años, por lo que pidieron constancia y unidad para afrontar una “carrera de fondo”.
Además, recordaron que la problemática de las grandes instalaciones fotovoltaicas afecta actualmente a numerosos municipios de la Comunitat Valenciana y explicaron que forman parte de una federación autonómica y de una red de asociaciones a nivel nacional que trabaja en defensa de una ubicación racional de las energías renovables.
Uno de los principales acuerdos de la reunión fue iniciar los trámites para la creación de una asociación específica que permita canalizar las alegaciones, contratar asesoramiento técnico y jurídico especializado y organizar futuras acciones de movilización. Los promotores explicaron que la entidad contará con una junta directiva, una cuenta bancaria propia y mecanismos de control para garantizar la transparencia en la gestión de los fondos. Finalmente la formarán Miguel Lucas, como presidente, David Novillo como Tesorero y Mercedes Camarasa, vocal.
Los asistentes dedicaron buena parte de la reunión a explicar cómo se organizará la presentación de alegaciones. La futura asociación elaborará un modelo común que podrá ser utilizado no solo por los propietarios afectados, sino también por cualquier ciudadano que desee mostrar su rechazo a los proyectos. Los organizadores insistieron en que la legislación permite presentar alegaciones a cualquier persona interesada en la defensa del territorio, independientemente de que resida o no en la zona afectada.
Asimismo, se anunció la creación de grupos de trabajo encargados de ayudar a los vecinos a completar y registrar la documentación, especialmente a quienes no dispongan de medios telemáticos o necesiten apoyo administrativo.
Los promotores subrayaron la importancia de presentar el mayor número posible de alegaciones antes de la finalización del plazo administrativo, aunque recordaron que la normativa permite seguir aportando documentación mientras no exista una resolución definitiva por parte de la administración competente.
Impacto agrícola, ambiental y social
Durante la reunión se expusieron numerosos argumentos que formarán parte de las alegaciones. Entre ellos destacan la ocupación de suelo agrícola en producción, la afección a explotaciones vinculadas a la uva de mesa con denominación de origen, el impacto sobre comunidades de regantes, la posible alteración del paisaje y la incidencia sobre viviendas situadas en las inmediaciones de los proyectos.
También se puso el foco en la necesidad de reforzar los informes relacionados con los recursos hídricos y las infraestructuras de riego, considerados por varios asistentes como uno de los puntos más sólidos para cuestionar la viabilidad de las instalaciones. Representantes del ámbito jurídico confirmaron además que ya se han presentado alegaciones por parte de entidades relacionadas con el regadío y que se está trabajando en nuevas acciones coordinadas.
Otros vecinos alertaron sobre posibles afecciones derivadas de servidumbres aeronáuticas, infraestructuras eléctricas y proximidad a núcleos residenciales, cuestiones que también serán analizadas dentro del proceso de oposición.
Llamamiento a la movilización ciudadana
La reunión concluyó con un llamamiento a ampliar la movilización social y a implicar al conjunto de la ciudadanía noveldense. Los asistentes defendieron que la cuestión trasciende a los propietarios directamente afectados y supone un debate sobre el modelo territorial, agrícola y paisajístico del municipio.
Los organizadores anunciaron una intensa campaña informativa durante los próximos días para facilitar modelos de alegación, difundir información sobre el alcance de los proyectos y recabar apoyos. Asimismo, solicitaron la colaboración de medios de comunicación, asociaciones y colectivos para dar visibilidad a una reivindicación que consideran fundamental para el futuro del campo de Novelda.
Bajo el mensaje de que están a favor de las energías renovables, pero no de su implantación en terrenos agrícolas productivos y zonas habitadas, los vecinos aseguraron que mantendrán una oposición “constante, organizada y firme” frente a unos proyectos que consideran incompatibles con la realidad social, económica y medioambiental de La Horna.
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