Los socialistas presentaron dos mociones durante la pasada sesión plenaria en las que pedían, por un lado, que la Generalitat se ponga al corriente de sus deudas con las administraciones locales, pagando además los intereses generados por el plan de ajuste municipal. Y por otro, la derogación de las medidas tomadas por el gobierno central en cuanto a sanidad se refiere.
El Grupo Municipal Socialista presentó durante el pasado pleno dos mociones con la intención de someterlas a votación entre el resto de grupos políticos. Obtuvieron el apoyo del resto de grupos de la oposición, pero contaron con la abstención del Partido Popular, por lo que ni siquiera pudieron debatirlas.
La primera de las mociones se dirigía a la Generalitat Valenciana y a sus recortes de la a los Ayuntamientos para el conjunto de la educación (escuelas infantiles, becas comedor…), del impago del Plan Confianza, de la disminución de ayudas a las entidades musicales, de la reducción de becas, de la falta de financiación en servicios sociales, del boicot a la Ley de Dependencia, de la reducción de plazas subvencionadas para los centros de día, entre otros. En este sentido, los socialistas exigían al Consell el pago de las deudas con los Ayuntamientos derivados de acuerdos, subvenciones y convenios que afectan al desarrollo de competencias municipales firmados en los últimos años, así como los importes correspondientes al “Plan Confianza” y que la Generalitat articule los procedimientos legales necesarios para pagar a los Ayuntamientos los intereses que se generen por los préstamos solicitados según lo regulado por el Gobierno de España en el Plan de Pago a Proveedores, y que sean consecuencia de la deuda del Consell con los municipios.
La segunda moción tenía como objetivo la derogación del Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Para el Grupo Municipal Socialista, el gobierno central “ha generado una enorme preocupación social al afirmar que la sanidad española no es sostenible y plantear una reforma del Sistema Nacional de Salud que ha tocado elementos esenciales del modelo al acabar con la universalización de la sanidad por razón de ciudadanía y sustituirlo por un modelo de aseguramiento atado a la seguridad social”. Para ellos, “la sanidad deja de ser pública, universal y gratuita para todos los ciudadanos y se convierte en una sanidad solo para los asegurados y la beneficencia”. Por esta razón, pidieron la derogación de esta ley y el diálogo con todos los agentes sociales para alcanzar un acuerdo “para conseguir un gran acuerdo que permita garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud manteniendo los principios establecidos en la Ley General de Sanidad de 1986”.
