El camino de la reforma constitucional
Nuestra Constitución cumple 40 años. Como a cualquier texto normativo, el tiempo causa estragos y hace tiempo que permanece abierto el debate sobre su reforma o revisión para adaptarla a los cambios sociológicos y al contexto histórico en que nos movemos. Las normas jurídicas exigen siempre de un cierto dinamismo so pena de quedarse agotadas y caducas a los fines que pretendieron en su origen
España es el país donde más hablamos de reformar la Constitución pero nadie sabe con exactitud para que se quiere esa reforma ni cual debe ser el alcance de la misma. Cada partido político tiene su propio proyecto de reforma y hay quien apenas pretende unos meros retoques para en realidad no cambiar nada, hasta quien quiere sustituir el régimen político de la monarquía parlamentaria o constituir un Estado Federal. No hay que confundir la reforma constitucional de lo que es un nuevo proceso constituyente. Una cosa es reformar y actualizar a partir de lo que hay y otra muy distinta es liquidarlo todo y partir de cero.
Lo que no ofrece dudas, es que la crisis económica y territorial que hemos padecido se ha llevado por delante el modelo territorial construido en la Constitución, y por ello se plantea la necesidad de establecer cambios que puedan servir de bálsamo a las veleidades independentistas de algún territorio. Pero la pretendida reforma de la Constitución no puede concebirse solo como un camino de salvación a través del cual podamos corregir la crisis catalana, sino que debe ser fruto de una concienciación colectiva sobre la necesidad de realizar cambios reales que permitan continuar un marco de convivencia política que nos sirva para todos.
Flaco servicio se haría a la Democracia si la reforma que se pretende únicamente tuviese como objetivo calmar las aspiraciones soberanistas de algunos partidos nacionalistas que probablemente nunca estén de acuerdo tampoco con el resultado final de la reforma.
Así pues, la Ley electoral, la integración europea, la ampliación de los derechos fundamentales, la sucesión a la Corona, el blindaje de los derechos sociales, el modelo de financiación autonómica, la distribución de competencias o el papel del Senado también deberían ser objeto de reforma constitucional.
Y en esa aspiración de cambio constitucional deberíamos interiorizar que reformar la Constitución tampoco significa derribarla, o liquidarla como algún partido pretende sino mejorarla en su conjunto. Por tanto, el consenso político para su reforma solo podrá alcanzarse entre quienes quieran mejorar la norma aprovechando los avances conseguidos en estos 40 años, adaptándola a las legítimas aspiraciones de la ciudadanía.
Ahora bien, el consenso social y político para una reforma de la Constitución no nace del cielo, hay que construirlo paso a paso. Y lo primero que habría que hacer es saber a dónde queremos llegar al final de ese camino y que mayorías se necesitan para ello.
Es indudable que ese camino no resulta fácil de recorrer en un contexto de radicalidad política como el que estamos viviendo, y solo puede hacerse desde posiciones políticas que mantengan un respeto al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas que consagra la propia Carta Magna.
Y en esa labor tienen mucha responsabilidad nuestros dirigentes políticos actuales, que en muchas ocasiones tienen comportamientos, actitudes o discursos que van en contra de los propios valores constitucionales.
Quienes muchas veces hablan de ser constitucionalistas hasta la médula y envolverse en la bandera y en la unidad de la patria muchas veces proponen cuestiones que están fuera de la propia Constitución y que no tienen cabida en un Estado democrático.
Por ese camino no se puede construir ningún marco de convivencia estable sino todo lo contrario, se desestabiliza el sistema que acaba colapsándose en un escenario de confusión, de incertidumbre y de crispación política que hace imposible cualquier intento de reforma constitucional.
No se puede pretender una reforma constitucional si las fuerzas políticas actuales no tienen un proyecto constitucional claro, explícito y que resulte asequible al conocimiento general de la ciudadanía y que sea reflejo de la voluntad popular.
Nuestra Constitución de 1978 fue votada por una gran mayoría los ciudadanos españoles que respiraban aires de libertad y cambio, pero en la actualidad nuestra sociedad es muy distinta de la denominada época de la transición. Muchos no tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre los valores y fundamentos de nuestra Constitución de 1978, y también se merecen que la Constitución recoja sus anhelos y sus aspiraciones. Son tiempos de cambio, no de un inmovilismo trasnochado que eleva a dogma de fe determinados principios que no han soportado el paso del tiempo ni la evolución de la sociedad en la que vivimos.
La precariedad laboral, la globalización económica, el futuro de la integración europea, el reto a la inmigración ilegal o los efectos de la sociedad tecnológica o las incertidumbres del cambio climático son realidades que preocupan a la sociedad actual y que no existían cuando nació nuestra Constitución Todas estas realidades se solapan con retos sociales ante los que no podemos ser indiferentes para sumar y mejorar nuestra convivencia como es la lucha por la desigualdad social, garantizar el futuro de nuestros pensionistas, mejorar la eficacia de las instituciones contra la corrupción , defender una mayor cohesión y diversidad territorial o modernizar nuestra economía productiva.
Para conseguirlo, un buen camino sería preservar lo bueno que hemos conseguido en estos 40 años de democracia y cambiar aquello que resulte arcaico u obsoleto con el paso del tiempo. Solo con un diálogo leal y con el respeto a la pluralidad desde la discrepancia podemos recorrer el camino de la reforma constitucional.
Reflexión cargada de sentido común y perspectiva temporal y de pensamiento, que debería ser más contagiosa, sobre todo para aquellos que habrán de acometer los cambios necesarios y convenientes. Gran artículo Manolo.