Art. de opinión de Manuel González Navarro

UNA CONSTITUCION DE  35 AÑOS. NECESIDAD DE SU REFORMA

El próximo día 6 de Diciembre nuestra Carta Magna cumplirá 35 años sin que más de la mitad de la población española haya tenido ni siquiera la oportunidad de su aprobación pero si la de su posible reforma futura.

Hubo un tiempo en España en que mientras unos gritaban ¡Viva la Constitución!, otros decían ¡Vivan las caenas!.

Desde la perspectiva del tiempo histórico transcurrido parece que fueron los segundos los que ganaron la partida porque prácticamente han dominado la historia de nuestro país salvo en breves periodos de libertad en muchas ocasiones mal administrados.

La mayoría de los textos constitucionales que forman parte del constitucionalismo histórico español no dejan de ser fruto de imposiciones o pactos partidistas cuya vida fue muy corta y de poca eficacia jurídica, por no decir que en muchos casos nacieron a la luz y bajo la salvaguardia de las armas del militar de turno. Algunos de estos textos se quedaron en un simple proyecto, otros no se aplicaron en todo el territorio nacional, alguno ni tan siquiera fue promulgado  y aquellos que lo hicieron respondían exclusivamente a objetivos políticos del grupo que estaba en el poder en ese momento.

Nuestro constitucionalismo histórico ha sido por tanto muy inestable y superficial. La Constitución de 1978 es la primera Constitución esencialmente democrática si descontamos el paréntesis de la II República y su Constitución de 1931. La vigente se obtuvo por el consenso de las fuerzas políticas de la transición democrática que consiguieron no hacer el texto que cada uno tenía en mente, sino aquel que fuese más útil para lograr la paz y la convivencia social entre todos los españoles tras un largo periodo antidemocrático.

Nuestra Constitución recoge los valores esenciales de la democracia moderna, el Estado de derecho, la descentralización territorial y administrativa, la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas, la independencia judicial, la planificación de la actividad económica, etc.

Ahora bien, después de 35 años de vigencia con apenas dos modificaciones del texto, más impuestas por condicionantes de política exterior que por voluntad propia, y en el marco de la actual desafectación política y de crisis de valores de la ciudadanía nacional cabe preguntarse: ¿Están vigentes todavía los valores que propugna la Constitución de 1978 ?¿Es útil esta Constitución en el siglo XXI ante los cambios sociales y económicos a los que venimos asistiendo?

A nadie escapa que la percepción de muchos ciudadanos es que la Constitución se ha convertido con el paso del tiempo en papel mojado cuando no se garantiza la libertad, la igualdad o la Justicia o el Estado no se preocupa de los más débiles.

Si a alguien le pueden desahuciar de forma inmisericorde teniendo derecho a una vivienda digna, si volvemos a conculcar derechos fundamentales en aras de la seguridad ciudadana o la estabilidad presupuestaria, si tenemos que ser ricos para acceder a la Justicia y además somos capaces de clausurar de un plumazo mediante la legislación ordinaria el Estado social mientras vemos como unos pocos privilegiados hacen suculentos negocios con el dinero público y fomentan la corrupción política en el corazón de nuestras instituciones, no puede extrañar que la confianza ciudadana en la arquitectura constitucional se derrumbe por momentos.

Se impone pues una verdadera reforma constitucional, no de los valores y derechos que la sustentan que son perfectamente válidos en el tiempo sino de las instituciones que conforman el régimen político que instaura.

En la actualidad sobran motivos para defender un cambio constitucional pero estas reformas también tienen que alcanzar un mínimo de consenso social para que puedan tener verdadera eficacia política. Algunas de las reformas propuestas  por los distintos partidos políticos no llegan con claridad a los ciudadanos ni se explica suficientemente como se pueden articular. En otras ocasiones, se adentran simplemente en caminos inexplorados o de difícil salida que jamás podrán alcanzar un consenso social generalizado como es el caso de los deseos soberanistas de algunos territorios que ponen contra las cuerdas el propio fundamento básico de la soberanía nacional.

Desde mi punto de vista los cambios constitucionales han de ir en la línea de garantizar los logros conseguidos por el Estado del Bienestar evitando su desmantelamiento ideológico por el gobierno de turno, como ocurre en la actualidad. Blindar de alguna forma que la sanidad,  la educación, los servicios públicos esenciales o la seguridad social tengan un carácter público como piezas fundamentales que garanticen el bienestar de todos los españoles cualquiera que sea el territorio en el que se encuentren.

Por otra parte también cabe reformar aquellos aspectos de la Constitución que supongan una regeneración democrática y por tanto otorgar mayor credibilidad institucional ( la representación electoral, mayor transparencia y lucha firme contra la corrupción ) o aquellos que mejoren el funcionamiento de las instituciones del Estado ( el Consejo General del Poder judicial, el Tribunal Constitucional, o el Senado como cámara territorial).

Por último, las tensiones territoriales exigen profundizar en un nuevo modelo territorial partiendo del diseño del Estado autonómico calibrando una propuesta federal que resulte compatible con la diversidad de nacionalidades y regiones que integran nuestro territorio.

En definitiva, quienes no tuvieron la oportunidad de aprobar la Constitución de 1978 pero han nacido bajo el paraguas de las libertades que garantiza (menores de 35 años), tengan ahora la oportunidad de reformarla para que continúe siendo un instrumento útil de convivencia social. Para ello se impone que  esta generación sea capaz también de lograr un pacto constitucional y el consenso necesario para afrontar con diálogo , tolerancia y comprensión esta reforma. En ello nos va el futuro de todos.

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