POLÍTICOS DE DUDOSA REPUTACIÓN
La corrupción, léase, el devaneo del político con las eróticas del cargo y su veleidad por los pasadizos oscuros en donde el euro se atrapa al socaire de influencias, fue tema de acalorada –y respetuosa- discusión no hace mucho entre inteligentes compañeros del Facebook. Para acotar el fuego, convendría apuntar que la idea central gravitaba acerca de la conveniencia o no de apartar de la carrera a todo aspirante a cargo público sobre el que se hubiera formulado una imputación formal, o ya una mera acusación admitida por un juez a ese propósito. El tema no es manco, oiga. Hace poco, antes de las locales, me llegó un correo con una lista de los políticos imputados en España que se presentaban a diferentes circunscripciones, y que por su número, puestos así, en fila india, bien podrían haber hecho el tren de extremo a extremo en la Gran Vía madrileña. Porque de políticos con “dudosa reputación”, o sea, imputados, aquellos que vienen siendo investigados por un presunto hecho delictivo, está regado el patio patrio, a modo de una plaga que se retroalimenta de su propio vicio; “dudosa reputación”…, algo que me trae a la memoria la anécdota de aquel noveldense que al disponerse a entrar al Casino del pueblo y verse discretamente amonestado por el conserje de turno dado que las dos señoritas que le acompañaban, resultaban, a los ojos del decoro, mujeres de “dudosa reputación”, contestóle a su vez al conserje con no menos educación y firmeza: “Se equivoca usted, señor: las señoritas de dudosa reputación, son las que están dentro -señalando en un ademán hacia las profundidades de los jardines-: estas, muy señor mío, ¡son putas!, ¡de los pies a la cabeza!”, despidiéndose del lugar con un giro displicente y estrellando cada una de sus manos abiertas como platos contra las nalgas de sus acompañantes en señal de ego saciado.
El asunto exige temple y, como poco, pasar por el cedazo de la prudencia determinados aspectos. Una imputación es algo serio, desde luego. Pero no es más, en palabras de la calle, que la asunción por el juez de un hecho para su estudio y cotejo acerca de “dudas razonables” que señalan a cierto político como susceptible de haber cometido un delito en el desempeño de sus funciones. Pero en modo alguno debería implicar culpabilidad anticipada, prejuicio, por aspavientos que la prensa levante a favor o en contra de alguien en la opinión pública, generando, por ende, los tan dañinos (e inevitables) juicios paralelos. Valencia, lo sabemos, es un vivero de “dignidades” en el aire. Ya que nos coge cerca, lo cito. Pero Valencia, y otras tantas localidades. Sin embargo, no deberíamos orillar la posibilidad de que alguno o varios cargos públicos, encontrándose incursos en una investigación judicial, desembocara su proceso en una absolución sin cargos. Esa posibilidad –real-, sólo por esa que lo fuera, y en aras al principio de legalidad, de la seguridad jurídica y del derecho a una defensa justa, es lo que a “obliga” de desechar la “condena” preventiva de quien aún no fue oído, ni mucho menos, ponderados sus elementos de defensa. ¿Quién restituiría al político apartado temporalmente, perdido su tiempo, expulsado del servicio público… por una sospecha que deviene a los años en errónea o interesada? ¿Quién rearmaría su honor? La lengua no tiene hueso, decía un amigo mío. Y repela el plato, lo engulle y casi tritura, añadiría yo. Sin caries posterior.
¿Pero quiero con esto decir que la voz de la calle no debe pronunciarse? En absoluto. Es “exigencia”, muy al contrario, que lo haga…, que eleve el tono, grite y denuncie. Por evitar el “borreguismo”, la manipulación, el oscurantismo…, por preservar la libertad de expresión y por erigirnos, todos, en personas pensantes, responsables y libres, hasta donde alcance este concepto. Pero de ahí a vestirnos con la toga, acallar a las partes y castigar a alguien, bien preventivamente, por una trayectoria con lunares pendientes de estudio, deviene en un rapto sin retorno del espíritu del sistema democrático; en una violación, incompensable, de la más insigne de las presunciones: la presunción de inocencia. Y si algún día ésta se resquebrajara y contemplara su otra cara de la moneda, su predecesora, la presunción de culpabilidad, genéricamente formulada, todos los avances y conquistas de derechos que tantas vigilias exigieron a nuestros predecesores, habrían abocado en retales inútiles…, inútiles para una protección del ciudadano, ya, inútil.
¿Cómo asegurar un sistema sin corruptos? ¿Es posible? ¿Eliminando a los imputados, de cuajo, en bloque?
Por el mero resquicio, por reducido que éste sea, de que un político, uno sólo, o un periodista, abogado o arquitecto, estuviera siendo equivocadamente investigado, nadie debería ser privado, ni preventivamente, de ninguno de sus derechos de defensa, ni por supuesto del ejercicio de los civiles. Hasta que la certeza del juez, en aras al principio de legalidad y de seguridad jurídica, lo fuera indubitada. Entonces sí. A saco. Pero escuchemos a las partes. Todos necesitados ser escuchados.
Lo que más me gusta querido amigo Claudio es el chiste del casino. Permíteme que te cuente otro. Este del gran maestro Miguel Gila.
En un gag entra Gila a una habitación y encuentra a un muerto a hachazos y a su acompañante con un hacha ensangrentada en la mano con evidentes muestras de que acababa de cometer la tropelía. Gila, políticamente correcto y sin ganas de “follón” se limita a decirle al asesino.
Uy uy uy ¡Aquí ha pasado algo! ¡Aquí alguien ha matado a alguien!
Habían dos y uno estaba muerto.
Si señor Claudio, penalmente un corrupto no lo es hasta que es condenado en firme, como Fabra, que con gran alborozo de sus correligionarios no será corrupto por prescripción del delito, a pesar de los pesares.
El caso es que aquí no se está hablando de hacer pagar penalmente unos delitos que, para que lo sean deben ser plenamente demostrados en un juicio, sino de la limpieza de una casta política que, en cualquier prueba de esas de los psicólogos, cualquier persona relacionaría con podredumbre.
Aquí, de lo que se está hablando es de permitir a una persona SOSPECHOSA con serias pruebas de ser corrupta disponga tanto del dinero de los contribuyentes como de un arma real que se llama silencio administrativo. Y no acuso al corrupto, sino a los correligionarios cobardes que son incapaces de limpiar sus casas amigo Claudio.
Yo, que no soy tan políticamente correcto por sistema como tú voy a personalizar.
Gürtel.
No te parece correcto que se desplace de sus puestos a quien no ha sido condenado. En cambio tenemos al Juez Garzón apartado del suyo porque un juez aceptó a trámite una denuncia. ¿Por qué como diría Mouriño? ¡Pues porque un juez NO es una persona normal!. Ni un político tampoco. ¿Acaso una persona normal puede estar aforada y tener esas complacencias judiciales? No, sólo un político las tiene. Correspondamos a esa alegría con una responsabilidad, que es lo que falta en política, responsabilidad.
En el caso Gürtel han trascendido unas escuchas telefónicas en las que un político le exige a un empresario su parte , su 12% prometido por conceder unos contratos claramente ventajosos. No valen, para un juicio, no valen porque no están hechas con el permiso de un juez.
Pero han trascendido.
Todos sabemos que ese tío es un ladrón sea condenado o no, lo dijo él, todos lo escuchamos. Tiene un defecto de forma, pero ¿acaso no nos importa el fondo? Parece ser que no, ya que, como Jesús Gil unos meses antes de ir a la cárcel ganó por mayoría absoluta.
El PP, el PSOE (Merca Sevilla, recordemos también), y cualquiera de los partidos políticos que tengan corruptos en sus filas, aunque sea por mantener limpia su casa, deberían atender al fondo, porque huele a podrido y con razón.
¿Acaso no piensas Claudio que en el Partido Popular de Novelda deberían haber presentado batalla a su organigrama valenciano cuando les envió a quien va a ser nuestra alcaldesa? Puede que no sea condenada, pero su amistad y los regalos que recibió de quien hoy está en la cárcel la hacen sospechosa. En la lista del PP hay 24 personas, en sus filas pasan de cientos. Seguro que prácticamente todos están libres de sospecha.
¿Por qué han puesto a Doña Milagrosa de candidata cuando tanto tú como yo hemos oído en boca de sus militantes como rechazaban la idea?
Yo te lo diré, por presiones de sus altos cargos, los mismos que hoy están siendo investigados por un atraco monumental y tienen más preocupación por su futuro que por el que representan, y ahí, justamente ahí, está el mal que tiene nuestra corrompida clase política.
Si un político quiere las ventajas de las personas normales ante la ley que rechaze los privilegios como el aforamiento. Y si quiere eludir el juicio paralelo que provoca que oigamos de su boca como negocia su parte con el otro ladrón, este en la cárcel sí, el no dispone de esos privilegios políticos, que nos deje sordos, que tontos ya nos han dejado a muchos.
Si hiciesemos nuestra la famosa frase del politico francés Benjamin Constant que decía aquello de » sirvamos a la causa y sirvámonos de ella» problamente podríamos justificar el comportamiento poco ético de la tropa de corruptos ,mangantes y prevaricadores que pululan por nuestras listas electorales y en el panorama político actual.
No se trata de respetar la presunción de inocencia del político cuando es objeto de una imputación formal por el juez,.le aseguro Sr Rizo que la tiene como cualquier ciudadano en el proceso penal. sino de hacerv aler la presunción de honradez que cualquier servidor público ha de tener en el manejo del dinero de todos y que queda rota o en entredicho cuando se es imputado.
No soy de los que considera que cualquier imputación merece la dimisión del político de turno,habría que analizar de donde procede la imputación y sus causas,no es lo mismo la imputación que surge mediante denuncia o querella de un adversario politico de la que puede hacer el Ministerio Fiscal tras una investigación preliminar por ejemplo)- pero eso excede con mucho de la intención de este comentario.
Es cierto que de cualquier imputación no deriva necesariamente siempre una culpabilidad penal y por lo tanto hay que actuar con cautela y precaución en muchos de los casos, pero si soy partidario de que en la mayoría existe una responsabillidad política, y se ha de exigir una explicación razonable y justificativa de su actuación pública ante al ciudadano porque de ello depende en gran medida la credibilidad de la democracia.
Lo que no es admisible es que ante una imputación formal, encima se nieguen a dar explicaciones coherentes ante quienes representan,no asuman ningun tipo de responsabilidad política y se limitem a jugar con la lentitud de la administración de justicia a la espera de que el paso del tiempo escampe la tormenta como si de una macabra burla se tratase.
Es más hay quien se permite el lujo de firmar manifiestos éticos en contra de la corrupción estando imputado y ostentando la máxima responsabilidad de gobierno . Esto es un esperpento y no extraña a nadie que surjan «indignados» por las plazas públicas ,es como poner el zorro a cuidar las galinas en el gallinero de la democracia, creo que no vamos a comer huevos en mucho tiempo.pero que más da si tras las últimas elecciones todos nos hemos convertido en vegetarianos en esta Comunidad.
Che, qué altura en los dos comentarios.
He aprendido muchas cosas leyéndoos. Aunque digamos alguna cosa muy distinta, en el fondo creo que estamos más próximos que alejados.
Lo dicho: lujazo de comentarios, lujazo de razones. Gracias.
Un placer.