Un tribunal incompetente
Ahora que acaba el año, ha llegado el momento perfecto para realizar balance y analizar la gestión desarrollada a lo largo de 2010. También nos ‘toca’ a todos prepararnos para los retos que se avecinan y marcarnos los nuevos objetivos a conseguir en el nuevo año. Desde ASAJA Alicante lo tenemos todo muy clarito. Tras las denuncias, protestas, que hemos protagonizado para exigir mejoras, hay que tomar medidas más activas y efectivas. En unas palabras, ha llegado la hora de intervenir en la cadena alimenticia.
La propia comisión europea de agricultura ha reconocido en sus últimos informes la falta de transparencia que hay en los mercados, las prácticas anticompetitivas y de dumping social que se producen, el escaso margen de negociación que posee el productor, la venta generalizada por debajo de los costes, la excesiva morosidad que existe en el campo… Éstos son algunos de los males que nos atañen y que hemos denunciado hasta la saciedad sin conseguir soluciones viables.
El Tribunal de la Competencia debe ser consciente de cuál es la realidad existente en el campo, sin embargo, consiente que se perpetren los problemas reseñados. Todo el mundo conoce las dificultades que conllevan los bajos precios en origen. El agricultor vende a 0,15 euros el kilo de limones y cuando el consumidor compra el producto, éste ha pasado a costar unos 1´5 euros. Es una injusticia y un abuso imperdonable que se produce continuamente y que perjudica no sólo a los empresarios agrícolas, sino a todos los consumidores. Teniendo en cuenta la crisis que nos afecta, la situación debe cambiar de manera radical.
La incoherencia del Tribunal de la Competencia puede probarse con distintos hechos. Pese a que los productores se ven obligados a vender por debajo de los costes de producción, impidió que pudiéramos establecer índices referenciados a los costes de producción, es decir, valores que permitan vender lo que producimos al menos garantizando un nivel mínimo que nos permita seguir trabajando. Sin embargo, permite que cuatro empresas acaparen la totalidad de la producción y fijen valores en campo bajísimos y otros excesivamente elevados para los compradores. ¡Así yo también hago negocio!
No se puede estar de forma tan descarada al servicio de las grandes multinacionales y no proteger a quienes trabajan duro cada día para poder ganarse la vida. Este Tribunal no le hace ‘puñetera’ falta ni a la sociedad ni a la economía. Es injusto y partidista. Por este motivo y después de pasar años tratando infructuosamente de que entraran en razón, nos hemos cansado de sus tonterías y lo rechazamos rotundamente.
Ha consentido durante años que se venda por debajo de los costes de producción, enriqueciendo a unos pocos listos que acaparan los productos que otros obtienen. Sin embargo, ha abierto expedientes disciplinarios a las interprofesionales que han conseguido acuerdos entre todos los implicados en la cadena alimenticia para que haya precios de subsistencia para todos los productores y, por supuesto, para los ciudadanos.
El mencionado órgano de la Competencia depende del Ministerio de Industria. De ahí que exijamos al actual Gobierno que abandone su papel de mera supervisión y pase a protagonizar un papel más activo, frenando los abusos que se producen en la cadena alimentaria por el bien del agricultor y el consumidor.
Atropello tras atropello y valorando las hechos y actuaciones, si debemos ser austeros y reducir costes, lo justo sería que todos los implicados en el Tribunal de la Competencia, que no han trabajado sino dañado a un sector tan estratégico e importante como es el de la agricultura, se fueran a la calle. Menos reducciones de los derechos y de ayudas sociales y más recortes de los excesivos gastos que poseen las administraciones. ¡Que los despidan y en 2011 podamos tener un mercado más justo y equitativo, que deje de explotar a los débiles y de enriquecer a unos cuantos sinvergüenzas que viven a nuestra costa. El Gobierno debe anular el Tribunal de la Competencia en 2011 y de aquí en adelante le declaramos la guerra abierta al órgano judicial hasta que así lo haga. Pelearemos para que el Gobierno actúe con responsabilidad. Recordemos que la gestión del Tribunal no sólo ha sido dañina en el sector de la agricultura, sino también en el del textil, juguete, calzado,…
También en 2011 seguiremos insistiendo para que el contrato homologado, esa criatura que acaba de nacer, pero que irá creciendo, contemple los mencionados índices económicos. El contrato es la única herramienta que garantiza el cobro al agricultor. Éstos muchas veces venden y después ni le pagan, se quedan con una mano delante y la otra, detrás. Sólo pueden reclamar el cobro judicialmente si tienen su contrato firmado. De ahí que no se entienda que otras organizaciones, que supuestamente defienden al agricultor, critiquen este documento, únicamente porque no han sido ellos quienes lo han impulsado.
Vean un simple ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino contempla en el borrador del uso del contrato homologado del sector lácteo que su uso sea obligatorio en todas las transacciones de compra-venta que se realicen. Esta decisión la ha adoptado acertadamente por todos los motivos que hemos indicado, porque es la única herramienta que protege al productor de impagos. Ya lo he dicho en más de una ocasión. Dejémonos de politiqueos absurdos, intereses partidistas y promocionales y apoyemos y defendemos a quienes representamos.
D. Eladio: he seguido con interés sus dos artículos; se hace en ellos un buen análisis y se apuntan soluciones.
Pero, seamos realistas. Con un Gobierno periclitante ¿ve vd. al Ministro de Industria en condiciones de prestar cinco minutos a las cuestiones que vd. plantea?