Artículo de opinión de Sergi Cremades
La izquierda del “Botànic”, en el 2015, heredó unos Servicios Sociales (SS.SS.) muy debilitados y desfasados incapaces de ayudar a las capas más vulnerables tras años de externalizaciones y privatizaciones implementadas por el Partido Popular valenciano (PPCV). Cuando más se necesitaba un escudo social para las mayorías el modelo asistencial hacía aguas y no era capaz de proteger a nadie. La gestión neoliberal del Partido Popular frente a la crisis de 2008, provocó la socialización de las pérdidas, el trasvase de dinero público a empresas privadas pero sobre todo la pauperización de las clases medias y una exclusión mayor de las capas más vulnerables.
La victoria de las izquierdas, la movilización social de organizaciones como la PAH o la de afectados de la RVI, profesionales del sector con voluntad de mejorar los servicios y la apuesta decidida del Botànic y en particular de la apuesta personal de Mónica Oltra por la transformación en profundidad de los servicios sociales, hizo posible la aprobación de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos en el año 2019.[i] El preámbulo de la Ley deja claro que la idea es equiparar a los SS.SS. al resto de servicios públicos esenciales como son la Educación, la Sanidad y el sistema de Pensiones. La cuarta pata del Estado de Bienestar como rezaba la campaña informativa desplegada en su día.
Para ello se desarrolló una de las leyes más avanzadas de toda Europa, que reconoce el “derecho subjetivo” de la ciudadanía y que garantiza la provisión presupuestaria, como en la práctica es reconocido en el Sistema Sanitario o en el Educativo. Antes de la implantación de la nueva ley de Servicios Sociales, cuando el presupuesto se agotaba, se dejaba de prestar el servicio. Si no había dinero no había prestación económica individual o de emergencia, no había servicio de dependencia, no había protección de menores. Impensable que en nuestro Centro de Salud sólo se atendiera a un número determinado de pacientes hasta el límite del presupuesto y al resto no se les atendiera. Fue a partir de la aprobación de la ley de SS.SS inclusivos en 2019 donde la realidad empezó a cambiar.
Con la nueva ley se afianza un cambio de paradigma de intervención social. Se recoge la implementación de un modelo común para todo el territorio valenciano con el principio de universalidad y plena accesibilidad, o sea, para toda la ciudadanía que en alguna etapa de su ciclo vital y/o por una situación sobrevenida necesitara de la atención de los SS.SS. El cambio implicaba una cartera de servicios que ha requerido también una gran inversión y que iba mucho más allá de las clásicas prestaciones económicas, una red de equipos profesionales multidisciplinares y una estructura con atención primaria general y específica y otra secundaria. La suma de todo ello constituye el “Sistema Público Valenciano de los Servicios Sociales”.
Los resultados que muestra la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) para el territorio valenciano en el periodo 2021, que confirman una reducción significativa de los indicadores de riesgo de pobreza y vulnerabilidad, a pesar de la concatenación de crisis como la derivada de la Pandemia o la inflacionista, avalan el desarrollo legislativo de la ley de Servicios Sociales Inclusivos.[ii]
El regreso al poder autonómico de la derecha y la extrema derecha pone en peligro todos estos avances. José María Llanos, presidente de Vox en la Comunidad Valenciana avisa de que revertirán todas las medidas sociales del “Bontànic” y eso pasa por frenar la consolidación del Sistema Público Valenciano de los Servicios Sociales. No le hizo falta Vox al PP Valenciano para desarmar los SS.SS en su anterior etapa de gobierno. La nueva coyuntura surgida tras las elecciones no hará más que acelerar el desmantelamiento que el PP Valenciano ya tiene programado. Miles de familias trabajadoras y de los sectores más vulnerables del País Valencià sufrirán en primera persona, y a corto plazo, las consecuencias de la oleada neoconservadora y reaccionaria pero, a medio y largo plazo y sin colchón social que amortigüe la constante expulsión de personas que el mercado capitalista provoca, las consecuencias podrían ser mucho más dramáticas. Es necesario defender, tal y como se defienden la Sanidad y la Educación pública o las Pensiones, el Sistema Valenciano de Servicios Sociales como una gran conquista social y garantía derechos fundamentales para todas y todos.
Sergi Cremades
Educador Social y miembro de Anticapitalistas
[i] Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana. https://dogv.gva.es/datos/2019/02/21/pdf/2019_1653.pdf
[ii] Encuesta de Condiciones de Vida para la Comunidad Valenciana 2021. https://pegv.gva.es/es/noticias/-/asset_publisher/CWK0IEKbs79H/content/encuesta-de-condiciones-de-vida-ecv-.-resultados-2021-1