El objetivo es favorecer cuestiones como el acceso, señalización, aparcamiento o aseos para las personas con discapacidad y sus familias en condiciones de igualdad
La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública eliminará todas las barreras arquitectónicas y sensoriales de los edificios judiciales consolidados de la Comunitat Valenciana gracias a un plan que cuenta con una dotación presupuestaria de 2,1 millones de euros y que se ejecutará a lo largo de los próximos cuatro años.
Así lo ha anunciado Gabriela Bravo en el marco del Foro Justicia y Discapacidad que se ha celebrado este miércoles en València.
El Foro es un observatorio de carácter consultivo que reúne a representantes de asociaciones, operadores jurídicos y la Administración con el objetivo de favorecer el acceso de las personas con discapacidad y sus familias a la Justicia en condiciones de igualdad y garantizar su protección jurídica.
La Subdirección de Infraestructuras de la Conselleria ha analizado el índice de accesibilidad de 57 edificios judiciales, de los que 18 corresponden a la provincia de Alicante, 7 a la provincia de Castellón y 32 edificios a la provincia de Valencia.
El estudio ha revelado que la deficiencia más recurrente es la señalización de las distintas dependencias, si bien se han detectado también disfunciones en accesos, plazas de aparcamiento, aseos, mecanismos y puertas interiores.
Para subsanar todas estas disfunciones se ha previsto una inversión de 2.039.398,78 euros de los que 743.344,76 se destinarán a edificios de la provincia de Alicante, 232.267,66 euros en la de Castellón y 1.063.786,36 euros en la de Valencia que se ejecutará a lo largo de los próximos cuatro años en dos fases.
En la primera, que se extenderá hasta el 2023 se actuará en 23 edificios ya consolidados. En este grupo están, en la provincia de Alicante, los juzgados de Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elche, Elda, Novelda, Dénia, Villena y Orihuela, con una inversión estimada de 411.714,97 euros. En la provincia de Castellón se actuará en Nules, Vila-real, Castellón y Segorbe con una inversión estimada de 102.076,73 euros.
Por último, en los partidos judiciales de Valencia se llevarán a cabo intervenciones en las sedes de Carlet, Sueca, Massamagrell, Moncada, Mislata, Paterna, Quart de Poblet, Catarroja, Picassent, Requena y la Ciudad de la Justicia de València, con una inversión estimada de 479.409,29 euros.
La segunda fase incluirá actuaciones en los juzgados cuyas sedes se amortizarán con la puesta en marcha de los nuevos edificios previstos en el Plan de Infraestructuras Judiciales. En este grupo se incluye la Ciudad de la Justicia de Alicante y los nuevos juzgados de La Vila Joiosa, Sagunt, Llíria, Xàtiva, Alzira, Gandia, Ontinyent, Torrente y Vinaròs.
Para la subsanación de las deficiencias de los edificios actuales de estos partidos se prevé una inversión estimada de un millón de euros que se ejecutará durante los años 2024 y 2025, en función del avance de las obras de los nuevos edificios.
Por otra parte, la consellera ha recordado que la Conselleria de Justicia tiene en marcha ahora mismo dos proyectos piloto de Justicia Accesible como es el de la figura del facilitador para ayudar a personas con diversidad funcional, sensorial o cognitiva a manejarse por los tribunales en asuntos que les afecten y el de Lectura Fácil de Sentencias para el mismo colectivo en decisiones judiciales que les afecten.
En este sentido, esta iniciativa ya ha adaptado cinco sentencias: dos en los juzgados de Castelló y otras tres en los de Dénia, Villena y Paterna, respectivamente.
Bravo también ha explicado que las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito cuentan con protocolos específicos para personas con diversidad funcional y ha recordado que, en los últimos tres años, en ellas se han asistido a 1.644 víctimas con discapacidad, de las cuales, nueve de cada diez eran mujeres.
Por último, la consellera ha insistido en que el nuevo Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita -que está en fase de tramitación- prevé la creación de un Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) de diversidad funcional que prestará apoyo a este colectivo de manera específica.