Descenso a la Constitución
Los principales mecanismos de defensa de toda Constitución son su reforma y su propia aplicación. Ni una ni la otra cosa resultan favorables para el actual texto de 1978. Pasados más de treinta años de una Constitución que ahora se avizora transitoria entre su fehaciente pasado (dictadura) y su improbable futuro (consolidación democrática), cualquier celebración y aniversario constitucional no avanza sino en constituirse en un velatorio fúnebre colectivo. De forma sistemática y con la más absoluta negligencia e inobservancia institucional, el marco constitucional ha sido vaciado de su sentido y contenido por parte de unos poderes públicos a quienes el texto obliga y vincula en su cumplimiento y desarrollo (art. 9). Los valores superiores del artículo primero quedan del todo fosilizados a la espera de un golpe de genuina democracia que los revitalice. La justicia se encuentra colapsada en cuanto que institución y poder público por una falta de recursos evidente y que, sin ser gratuita, se encuentra a disposición de una clase dominante de corte económico y conservadora en lo ideológico que no hace sino incrementar la injusticia y avanzar en las desigualdades sociales.
La democracia se manifiesta claramente mermada con un régimen monárquico que impide a los ciudadanos la elección y fiscalización de la más alta magistratura del Estado. Una democracia amordazada e interesadamente limitada por un sistema electoral que reprime determinados mensajes ideológicos. Una democracia, en definitiva, que somete a las instituciones de todo nivel al chantaje constante de los poderes económicos y determinados sectores ideológicos (v. gr., Iglesia Católica) que acaban por secuestrar la voluntad de los ciudadanos a través de sus gobiernos y representantes (diputados y concejales), quienes al final acaban tomando unas decisiones, no sujetas al interés general, como proclama la Constitución respecto, por ejemplo, de la riqueza del país (art. 128), sino al interés de los grupos de presión organizados en torno a las instituciones de Gobierno y representación.
Un valor de democracia mermado, por tanto, por una monarquía representante de los intereses económicos de la oligarquía inmobiliaria, deportiva y financiera, y liquidado por una falta de mecanismos de participación ciudadana continua más allá de ese día en que, cada cuatro años, el ciudadano acude al colegio electoral (en el que puede que haya un crucifijo) y ve como su llama soberana se apaga bajo un falso “¡vota!”… y a tocar madera. Finalmente, el valor superior del pluralismo político resulta como uno más de los estratos en el perfil de sedimentación de esta democracia tan joven (31 años) como limitada, esclerótica y falsa, cuya deriva puede llevarnos a una fastización del sistema como así acabó siendo con la constitución de 1876. El miedo de corte franquista-sociológico al pluralismo político ha sido asumido por todos los Gobiernos transcurridos desde 1979, beneficiados por un bipartidismo acostumbrado a negociar con las élites burguesas-económicas conservadoras y regionalistas representadas a través de determinados partidos nacionalistas. La reforma constitucional, por su parte, resulta del todo paralizada cuando existen temas pendientes como la cristalización del modelo autonómico y su consolidación constitucional como lo que es y debe ser: un Estado Federal. Cuestión que enlaza con la reforma del Senado para que resulte lo que la Constitución plantea (representación territorial) y que el Congreso de los Diputados devenga en una genuina Asamblea Nacional de corte ideológico, popular –y no tanto nacional- y por supuesto, justamente representativa a nivel político de la realidad sociológica-electoral.
Por otro lado, la reforma del sistema de acceso al trono, debe contar con una deslegitimación del proceso mismo, pues el problema no es la desigualdad en el acceso al trono entre los miembros de la Corona, sino la desigualdad generada con respecto al conjunto de la ciudadanía y del propio sistema de derechos fundamentales y del principio de igualdad y legitimidad democrática. Finalmente, la reforma constitucional en relación a la Unión Europea sólo puede resultar aceptable en el marco de una Europa realmente democrática y no instrumentalizada para los intereses económicos y neoliberales del territorio de los veintisiete. De todo lo demás ya sabemos: vaciamiento de los derechos sociales como el de una vivienda digna (y no objeto de especulación), falta de equidad fiscal por inaplicación del artículo 31 y destrucción del propio derecho constitucional (y de la constitución) mediante las medidas de privatización que, reduciendo el tamaño del Estado, van en contra de su misión social y de su capacidad de intervención conforme a los criterios democráticos que han de guiar su actuación. Un modelo que, si no es tomado en serio desde el republicanismo, el federalismo, la solidaridad, la justicia social real y efectiva, y la democracia participativa constante y cotidiana, puede acabar haciendo de los actos conmemorativos de la Constitución un triste velatorio entre proclamas propias de quienes danzan un misterioso baile de decadencia social en un descenso a las catapultas constitucionales. Salud y República Laica y Solidaria.
