Cuando mi hija todavía no había nacido, una persona me hizo una pregunta que entonces me pareció absurda:
—¿Ya la habéis apuntado a la guardería?
Recuerdo perfectamente mi reacción. ¿Cómo iba a apuntar a una escuela infantil a una niña que ni siquiera había nacido? Pensé que era una exageración. Hoy sé que no lo era.
Meses después, al iniciar la búsqueda de una plaza de Educación Infantil para mi hija en Novelda, descubrí que aquella pregunta encerraba una realidad preocupante: para muchas familias, la carrera por conseguir una plaza comienza incluso antes del nacimiento.
La situación es especialmente difícil cuando se busca una plaza para niños y niñas de un año. La oferta pública es mínima. En nuestro municipio existen únicamente cinco vacantes públicas para esa edad (curso 26/27). Cinco. Una cifra que habla por sí sola y que resulta claramente insuficiente para atender las necesidades reales de las familias.
Ante la falta de plazas públicas, muchas familias dirigimos nuestra mirada hacia los centros privados autorizados, donde además pueden aplicarse las ayudas públicas impulsadas por la Generalitat Valenciana para avanzar hacia la gratuidad de la educación infantil.
Y es aquí donde aparece otro problema.
Mientras que en la escuela pública existen baremos, calendarios oficiales, criterios objetivos y procedimientos transparentes de admisión, muchas familias percibimos que el acceso a determinados centros privados funciona de forma muy diferente. Las respuestas suelen repetirse: «había que apuntarse antes», «las listas ya están completas», «la demanda es muy alta».
Sin embargo, pocas veces existe información pública sobre cuándo se abrieron esas listas, cuántas personas están inscritas, qué criterios se siguen para adjudicar las plazas o cómo puede comprobar una familia que el procedimiento se ha desarrollado en condiciones de igualdad de oportunidades.
Porque cuando hablamos de ayudas financiadas con dinero público, las familias deberíamos poder conocer con claridad cómo se accede a las plazas que permiten beneficiarse de esas ayudas.
La consecuencia de este sistema es que muchas madres y padres terminan viviendo la escolarización infantil como una carrera de obstáculos en la que la información marca la diferencia. Quien conoce antes el funcionamiento del sistema parte con ventaja. Quien no tiene familiares, amistades o contactos que le expliquen cómo funciona, descubre las reglas cuando la partida ya ha empezado.
Y mientras tanto, la conciliación sigue siendo un problema real.
Detrás de cada plaza que no se consigue hay jornadas laborales imposibles de encajar, reducciones de jornada, excedencias, abuelas y abuelos que reorganizan su vida para ayudar o familias que asumen gastos que no tenían previstos.
A menudo hablamos de conciliación como si fuera una cuestión individual, cuando en realidad es una responsabilidad colectiva. Una sociedad que quiere fomentar la natalidad, apoyar a las familias y garantizar la igualdad de oportunidades debería empezar por asegurar que los primeros años de vida cuentan con una oferta educativa suficiente y accesible. Porque la conciliación no puede descansar únicamente sobre las familias. Requiere plazas educativas suficientes, permisos por cuidados adecuados y políticas públicas que permitan cuidar sin empobrecerse.
Lo que está en juego no es únicamente la obtención de una plaza. La cuestión es más profunda. ¿Puede garantizarse realmente la igualdad de oportunidades cuando el acceso efectivo a ayudas financiadas con fondos públicos depende, en la práctica, de procesos previos de admisión gestionados por entidades privadas para los que no existen criterios públicos unificados, registros oficiales de demanda ni mecanismos fácilmente verificables por las familias?
Se trata de una pregunta legítima que merece una respuesta pública. De hecho, las dudas planteadas por numerosas familias han llegado ya a las instituciones. El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha admitido recientemente a trámite una investigación para analizar cuestiones relacionadas con la información disponible, la planificación educativa y la garantía de los principios de transparencia, igualdad y buena administración en el acceso a este sistema.
Y quizá lo más preocupante es que esta situación no puede atribuirse a un gobierno concreto. Durante años, administraciones de distintos signos políticos han impulsado medidas parciales para ampliar la escolarización temprana. Sin embargo, Novelda sigue sin contar con una oferta pública suficiente de primer ciclo de Educación Infantil en centros específicamente concebidos para esta etapa. Porque escolarizar a un niño o una niña no consiste únicamente en habilitar un aula; requiere espacios, recursos y condiciones adaptadas a las necesidades propias de los primeros años de vida. Han cambiado los gobiernos, pero esta carencia estructural permanece.
Por eso creo que ha llegado el momento de abrir un debate público en nuestra localidad.
Necesitamos más centros y plazas públicas de 0 a 3 años. Necesitamos conocer cuántas familias quedan cada año sin plaza. Necesitamos una planificación educativa basada en datos reales de demanda. Y necesitamos que cualquier sistema financiado con fondos públicos garantice la máxima transparencia, trazabilidad e igualdad de oportunidades para todas las familias.
Porque no estamos hablando únicamente de una plaza escolar.
Estamos hablando de conciliación, de igualdad de oportunidades, de planificación educativa y de cómo una sociedad decide cuidar a sus familias en los primeros años de vida de sus hijos e hijas.
Y cuando una familia descubre que la carrera por una plaza comenzó antes incluso del nacimiento de su hijo o hija, quizá el problema no sea únicamente de esa familia.
Quizá sea un problema del sistema.
Sonia Canicio Navarro
Madre y maestra.
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