Novelda se beneficiará de la inversión de Conselleria para contratar nuevos profesionales de servicios sociales

Helena Ferrando,  Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, ha presentado en Elche el nuevo modelo de servicios sociales y su financiación a los alcaldes y concejales de los municipios que beneficiará a distintas localidades del Vinalopó entre las que se encuentra Novelda.

El nuevo modelo de servicios sociales elaborado por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Helena Ferrando, incrementa este año la inversión en los municipios del Vinalopó para la contratación de 147 nuevos profesionales que formarán parte de los servicios sociales. Concretamente, el Vinalopó Mitjà con los municipios de Petrer, Novelda, Monòvar, Monforte del Cid, Elda, Aspe, El Fondò de les Neus y la Mancomunidad de La Vid y El Mármol perciben 1.606.391 euros, un 161'18 por ciento más que en 2016.

La secretaria autonómica ha explicado que, frente a los 2.097.960 euros destinados el año pasado, el nuevo modelo de servicios sociales diseñado por la Conselleria permite una inversión de 3.821.977 recogidos en el presupuesto de este año para la comarca del  Vinalopó, lo que supone un incremento del 82'18 por ciento de media.

Helena Ferrando ha destacado la necesidad de reconstruir un sistema público digno “donde el municipalismo sea el instrumento para fomentar políticas de proximidad y donde los equipos de base puedan trabajar desde la prevención con el objetivo de rescatar personas y ofrecer una atención social de calidad” ya que los ratios de profesionales por habitante pasarán de un profesional por cada 6.294 habitantes en 2016, a uno por cada 3.468 habitantes a finales de este año.

Este incremento presupuestario permite a los ayuntamientos aumentar las contrataciones de personal y crear una red de profesionales “capaz de compaginar la proximidad a la ciudadanía con los recursos precisos para la cobertura de las necesidades sociales”.

De esta manera, el objetivo es conseguir que entre 2017-2019 los municipios dispongan de un trabajador o trabajadora social, un educador o educadora social, un psicólogo o psicóloga, un asesor o asesora jurídica y un administrativo o administrativa. 

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