Después de estos últimos años de gobiernos conservadores (8 años) y cuatro años de socialismo. Podríamos decir que poco a mejorado la vivienda.Creo que la mejor solución a esta crisis de la vivienda consiste en la transformar todas las viviendas en España en viviendas protegidas. Para ser claro: hay que lograr que el precio de la vivienda baje en todas partes y no sólo en los islotes de viviendas protegidas, que nunca, por sí solos, podrán resolver el problema, ya que son como una gota de agua en el mar. Cómo lograrlo es algo extremadamente complejo, especialmente por los intereses que se verán necesariamente afectados. Dicen los del Partido Popular de Madrid es la que más viviendas protegidas ha construido en España. Sin duda, ha construido bastante más que otras Comunidades. Pero los que necesitamos una vivienda, nos preguntamos, ¿ ha resuelto ello el problema de la vivienda en Madrid. De ninguna manera, sigue exactamente igual. Desgraciadamente, hay demasiados intereses , tanto en el PP como en el PSOE comprometidos con la especulación inmobiliaria como para que sus propuestas sean creíbles.
Los seres humanos son lo que son y si se pone el fruto del árbol prohibido al alcance de la mano, lo tomarán. En realidad, el sistema nos transforma a todos en especuladores. Todos –los que son propietarios- miran con placer cómo se incrementa el precio de su vivienda, sin pensar que ello dificulta el acceso a sus hijos y gravan a las generaciones futuras. Por supuesto, lo que se incrementa no es lo construido, no es la vivienda en sí, que se desprecia con el tiempo. Lo que se incrementa es el valor del suelo por el constante aumento de la demanda y el progreso económico Sostiene el Partido Popular que hay que lograr un acuerdo entre el Estado y las Comunidades Autónomas para liberalizar el suelo. Sin embargo, como los permisos de construcción –si queremos preservar el medio ambiente- no pueden concederse indefinida e indiscriminadamente, por más que se liberalice el suelo, éste se volverá a monopolizar, a menos que, conjuntamente, se apliquen otras medidas. Toda América Latina, con inmensos territorios, escasa población y graves problemas de vivienda, es un ejemplo de que la oferta de suelo, por sí sola, no resuelve el problema.
Hay que liberalizar el suelo, pero al mismo tiempo hay que gravar las plusvalías inmobiliarias en forma drástica, con tasas sensiblemente más altas que las actuales, amén de otras medidas complementarias. La gravación radical de las plusvalías originadas en los procesos de urbanizaciones se hizo reiteradamente en Inglaterra- beeterment tax- bajo gobiernos laboristas, cuando los laboristas eran socialistas. Los gobiernos laboristas –a partir de 1945- implantaban la imposición a las plusvalías en tierras urbanizables- en algunos casos, hasta del 100%- y los gobiernos conservadores se apresuraban a derogarla. Finalmente, llegó la imperturbable Thatcher, derogó todo y además vendió las viviendas comunales. El resultado fue una terrible crisis de vivienda que Tony Blair no hizo más que continuar con su inexistente tercera vía. En realidad, el sistema de gravar drásticamente las plusvalías inmobiliarias tropieza con dos inconvenientes: primero, pueden desalentar a los promotores, que se ven reducidos a la cuota de ganancia media del capital productivo- generalmente muy inferior a las proporciona la renta del suelo- y, segundo, que los propietarios suelen retraer la oferta esperando que caiga el gobierno y se derogue la ley.
Para resolver el primero, lo recomendable es que la tasa del impuesto nunca llegue al 100% sino que se fije como máximo en el 60% o 70%, como en Taiwán, por decir un ejemplo. Para atacar el segundo inconveniente, se ha propiciado en la legislación comparada dos soluciones; una, la implementada en la República de Corea en los años ochenta y noventa, que consistió en aplicar un impuesto del 50% sobre el incremento del valor de los terrenos- calculando este incremento sobre la media nacional, pero con la singularidad única de que este impuesto se cobraba por el sólo hecho del incremento del valor de los terrenos, aunque no hubiese venta ni urbanización del mismo. Ni que decir que la especulación quedo fulminada, pero se produjeron situaciones injustas, pues muchos propietarios debían vender sus propiedades para pagar el impuesto.
Otra solución, más acorde con la tradición occidental es, además de liberalizar el suelo y gravar adecuadamente las plusvalías, aplicar el impuesto inmobiliario directo, pero el valor del suelo libre de mejoras (nuestro IBI, pero mejorarlo), con tasas suficientemente altas para desalentar la tenencia especulativa. Las tasas del IBI en España son tres o cuatro veces inferiores a la media de los países anglosajones, por ejemplo. En España, habría que hacer del Impuesto sobre Bienes e inmuebles la fuente principal de financiación de los Ayuntamientos, como sucede en casi toda Europa, en Canadá y en Estados Unidos. Habría, por supuesto, que suprimir o rebajar otros gravámenes. Pero, para hacer estas cosas y dar solución al problema de la vivienda abaratando el suelo en todo el país, sí que necesita un acuerdo, pero no entre el Estado Nacional y los ayuntamientos, sino una gran acuerdo entre las fuerzas políticas que quieran acabar con el cáncer de la especulación del suelo. Sin ese acuerdo, que daría permanencia a las reformas , será muy difícil acabar con el problema cuya solución necesariamente pasa por afectar los patrimonios individuales actuales en bien de las generaciones futuras, o sea, de nuestros hijos , nietos, etc…. Un problema a cuya solución se oponen los más poderosos y vigilantes intereses.( especuladores) Enfrentarlos es una gran reto para que el nuevo gobierno socialista, destruyendo el absurdo de que en un país vació como España –con sólo 87 habitantes por km cuadrado, una de las tasas más bajas de Europa- el suelo- y, por lo tanto, la vivienda- sea un bien casi inaccesible para una mayoría de los ciudadanos. Si este gobierno socialista no llega a este acuerdo, nos abra tomado nuevamente el pero a los que le votamos.
