Ya estamos en el trámite de aprobación de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana en el que una vez más el PP actúa de espalda a la sociedad y a las necesidades de los valencianos. Desde Els Verds vemos que en materia medioambiental se continúa con unas cantidades para la prevención de incendios forestales y repoblación que son ridículos. En infraestructuras se profundiza en la apuesta por un modelo de transporte contaminante y que no establece ejes de vertebración en el territorio a la vez que se perjudica a los que menos recursos tienen y ven como no hay una verdadera red de transporte público. Prueba de ello es el empecinamiento en seguir construyendo más autopistas de peaje como la de Caudete-Alicante (que atravesará también Novelda) en lugar de mejorar la existente. Las harán empresas en régimen de concesión pero les pagamos la redacción del proyecto y abonamos las expropiaciones de los terrenos. En la ley de acompañamiento de los presupuestos se incluye la expropiación urgente que entrará en vigor el 1 de enero «declara la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados de expropiación forzosa como consecuencia de la ejecución de las obras de la nueva autovía”. Increíble: sin proyecto y sin obras pero es urgente expropiar.
Ante ello Els Verds estamos llevando a las Corts varias enmiendas a los Presupuestos de la Generalidad Valenciana para el 2010 con el fin de conseguir mejoras en la red de hospitales públicos y Centros de Salud; cumplimiento de las normas de accesibilidad a la red sanitaria; aumentos en los recursos en política medioambiental, extensión de la red de carriles bici a las carreteras valencianas y de infraestructuras como el ferrocarril.
Por otro lado, desde el gobierno del Estado, nos llegan los adelantos de la próxima Ley de Economía Sostenible. Según lo manifestado podemos valorar positivamente aspectos del anteproyecto como la apuesta por la rehabilitación y el alquiler frente a la construcción de más viviendas, los planes para una movilidad algo más sostenible, o las medidas de ahorro energético y apuesta por las renovables. Sin embargo, aun siendo positivas, estas medidas son insuficientes.
Sobre lo de reducir los plazos de pago de las administraciones públicas a pymes y autónomos de 60 a 30 días pero ello no se consigue poniéndolo en un papel, al igual que ahora la mayoría de los ayuntamientos no podemos cumplir con el pago a 60 días, menos vamos a poder a 30. Ello se podría conseguir con un reparto económico más justo, como estamos proponiendo Els Verds, de 30-30-40. Es decir, el 30% de la recaudación para la administración central, el 30 para la autonómica y el 40 para la municipal.
Otra de las medidas parece ser el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares hasta los 40 años. La perversión de la palabra sostenibilidad había llegado lejos pero incluir más años de centrales nucleares es ya el colmo, además de un incumplimiento de los compromisos del PSOE en la anterior legislatura en su acuerdo con Los Verdes.
La base de esta ley debería ser la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible que elaboró la Oficina Económica del Presidente en 2007 pero que no se puso en marcha. Lo que presenta el Gobierno puede tener poco que ver con la sostenibilidad, por ello esperamos que en el trámite parlamentario se mejore para no tener que rebautizarla como Ley de Crecimiento Sostenido.
